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La secretaria local del PSOE de La Línea, Gemma Araujo, ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado el 18 de enero por la Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por el que se prorroga a Aqualia la gestión del servicio público de saneamiento, alcantarillado y depuración de aguas residuales de la ciudad, al considerar que es contrario a Derecho y, por tanto, nulo.
De este modo, la dirección de la agrupación socialista linense da cumplimiento a la manifestado tras conocerse las intenciones de los actuales responsables de la Mancomunidad de emprender acciones legales contra dicho acuerdo, al insistir, según se expone en su recurso de reposición, que este tipo de prórrogas suponen “una práctica irregular que entraña la vulneración de los principios y reglas más esenciales de la contratación pública: libre concurrencia o igualdad de trato, no discriminación y transparencia”.
Así, el recurso de reposición hace hincapié en lo dictaminado por el artículo 18:1 de la Directiva
2014/24 de la UE, que deja claro que “los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada”, destacando que en el acuerdo aprobado por la Junta de Comarca se ha
restringido el principio de la competencia. Esta misma vulneración de principios esenciales
afecta también al artículo 3 de la misma Directiva Europea, que obliga a los poderes adjudicadores a dar a los operadores económicos “un trato igualitario y no discriminatorio”.
Del mismo modo, Gemma Araujo recuerda en su recurso de reposición que ya existe en la UE
jurisprudencia abundante que avala la obligatoriedad de cumplir estos principios esenciales en la contratación pública, aludiendo en especial a una sentencia de la Sala Sexta del STJUE, de 29 de abril de 2004, que resalta “el carácter transversal de los principios de igualdad de trato y de transparencia que no resultan de aplicación exclusivamente a la fase de adjudicación, sino que
se extienden a la fase de ejecución del contrato público”. Por otra parte, el recurso de reposición argumenta que las prórrogas de un contrato público no previstas en la documentación de su licitación, como es el caso de la concedida a Aqualia,
“suponen una modificación de las condiciones esenciales del contrato por cuanto hay una
ampliación del contrato público que se produce a posteriori y que no podían conocer las personas interesadas en concurrir cuando se anunció la licitación inicial”, por lo que se incide en que se ha impedido a otros potenciales licitadores poder presentar ofertas sustancialmente distintas y favorecido un sistema de ventaja en favor del actual concesionario. “Es una nueva adjudicación encubierta a través de la elusión del plazo máximo previsto en los pliegos del contrato”.
Asimismo, se destaca que se ha prolongado el plazo del contrato a través de la prerrogativa del “ius variandi introduciendo elementos esenciales que deberían haber sido objeto de una nueva licitación, sustituyendo el escrutinio competitivo por la negociación bilateral en detrimento de la eficiente asignación de los recursos públicos”.
Según Gemma Araujo, la prórroga aprobada por la Mancomunidad, por mucho que aluda a
intereses generales por las obras que va a acometer la concesionaria, “tiene como objetivo
asegurar la continuidad de la prestación y del servicio más que proceder a compensar el
equilibrio contractual”, y recuerda que existen otras fórmulas para compensar al contratista, como bien reflejan sentencias judiciales.
En este mismo contexto, subraya que se pretende ampliar un contrato de 25 años en otros 15, es decir, un 60%, por lo que entiende que debe extinguirse la actual concesión y luego proceder
a una nueva licitación, “ya que se puede incurrir en una situación indebida de prolongación indefinida de contrato público”.
Toda esta argumentación se sustenta además con la aportación de sentencias contrarias a este
tipo de prórrogas, entre ellas una del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2006 que considera
que esta fórmula no es correcta para compensar a empresas concesionarias a cambio de la ejecución de obras.

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